Recaudar no es sinónimo de redistribuir

Recaudar no es sinónimo de redistribuir
Por Néstor O. Scibona
Domingo 30 de marzo de 2008 Publicado en La Nación

Más allá de sus inesperadas derivaciones políticas, el conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner dejó varias lecciones, que habrá que ver cómo se capitalizan ahora que se intenta recorrer el poco transitado camino del diálogo. La lista es demasiado amplia. Tanto, que el único denominador común es que el kirchnerismo está pagando un alto precio por no haberse ocupado nunca de definir una política para el sector agropecuario y luego por asignarle un carácter ideológico a la protesta. Se trata de una actividad estratégica demasiado importante como para creer que podía quedar en piloto automático, sólo porque los precios internacionales récord sirven para ensayar cualquier experimento fiscal o de precios. Esto excede la ríspida negociación de compensaciones a pequeños productores o un tope a la escala de retenciones móviles, que sólo aparecen como salidas de emergencia para descomprimir la tensión. Una de las lecciones es que la presión tributaria tiene un límite, sobre todo cuando una inflación en alza y no reconocida oficialmente impacta en los costos y la rentabilidad del sector. A pesar del discurso oficial, el eje del conflicto no pasa por el cambio de modelo económico o por la eliminación de las retenciones. El campo no protestó ni siquiera cuando las retenciones a la soja subieron al 35% en noviembre, ya que la escalada de precios internacionales (42% en los últimos ocho meses) compensaba esas subas, además de aportar mayor recaudación al Estado. Lo que no toleró es que el Gobierno se cebara con ese instrumento y les pusiera un techo a eventuales ganancias futuras para derivar al fisco casi todo el excedente. Hoy por hoy, la alícuota de los derechos de exportación a la soja o el girasol es más alta que la del impuesto a los premios de juegos de azar, y grava la facturación pero no los resultados. Tal vez sería mucho más razonable tomar una parte como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Pero plantear cualquier reforma tributaria de fondo todavía pareciera ser un tabú en la Argentina. Otra enseñanza es que la actividad agropecuaria no es sólo una máquina de producir divisas y pesos para alimentar los superávits gemelos y los subsidios cruzados, como suele encuadrarla el Gobierno; ni que todos los productores, de cualquier tamaño o región, pueden ser incluidos en la misma bolsa. A menor escala de producción, se siente mucho más percibir ingresos con un dólar implícito de 1,80 pesos y pagar insumos y servicios ajustados a un dólar de 3,18 o, peor aún, a una inflación que se ubica en torno del 25% anual. Con tales elementos resulta ilusorio plantear las retenciones móviles como una política previsible para los próximos años. También debe incluirse en la lista la confusión de señales: después de haber protagonizado el mayor boom productivo y exportador de las últimas décadas, la "sojización" parece haberse convertido en una maldición que la propia presidenta dijo querer conjurar con mayores retenciones, para estimular otras actividades como la ganadería o la lechería. Pero este diagnóstico está planteado al revés: omite que esas producciones fueron desalentadas en los últimos años por las políticas de precios arbitrarias, intervenciones en los mercados y prohibiciones de exportar ejecutadas por Guillermo Moreno, funcionario cuya estrella sigue brillando en la constelación gubernamental. El Gobierno podría argumentar, como lo hace, que con los crecientes recursos que extrae de la exportación de cereales y oleaginosas subsidia a otros eslabones de la cadena agroalimentaria. Pero basta consultar las compensaciones que otorga la Oncca, como recomendó Cristina Kirchner, para advertir la desproporción entre lo que recauda y lo que redistribuye dentro del sector: mientras se estima que para 2008 los ingresos totales por retenciones treparán a unos 43.000 millones de pesos anuales (13.500 millones de dólares), las compensaciones llegaban a fin de marzo a apenas 1.524 millones de pesos (480 millones de dólares). Si se anualizara esta última cifra, no alcanzaría al 15% de la primera. Y su distribución revela que, más que a fortalecer a pequeños productores rurales, apunta mayormente a las industrias para que sus productos puedan acercarse a los precios fijados por Moreno. De aquellos 1500 millones de pesos, casi dos tercios (992 millones) se destinaron a las industrias láctea, molinera y aceitera, a través de una compleja y burocrática maraña de subsidios cruzados. Viaje de ida Si bien es cierto que el fin último de las retenciones es disociar los precios internacionales de los internos a cambio de sostener un tipo de cambio real alto, también lo es que no frenaron la inflación y que mantener este esquema con gasto público en alza requiere de una presión tributaria creciente. Aquí se plantea un problema institucional: lo que el campo tributa por derechos de exportación no le vuelve en obras de infraestructura o mejoras sociales, porque las retenciones no se coparticipan. Ni siquiera entre las seis provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco), que aportan el 92% del total. Esto obliga a mendigar fondos nacionales a gobernadores e intendentes, que quedaron entre la espada y la pared durante el paro agropecuario: aunque en muchos casos los productores rurales son su base electoral, evitaron entrar en conflicto con la Casa Rosada para no quedar fuera del reparto. Más insólita fue la declaración del oficialismo en el Senado -que es la representación por excelencia de las provincias- en apoyo a la suba de retenciones, que les resta recursos a sus jurisdicciones. Parece mentira, pero después de cinco años de alto crecimiento, en la Argentina sigue en vigencia la ley de emergencia económica, que le permite al Poder Ejecutivo aumentar derechos de exportación y disponer discrecionalmente de esos fondos sin pasar por el Congreso. Paralelamente, está por verse hasta qué punto es válido el argumento presidencial de que los ingresos extra provenientes del agro son el eje de una política redistributiva. Por lo menos, hasta que el Gobierno explicite claramente en qué se emplean esos fondos. No es lo mismo destinar una parte a distribuir gratuitamente alimentos de alto valor proteico en comedores escolares o evitar casos de desnutrición en sectores indigentes, que aplicarlos a subsidios a granel que en muchos casos benefician más a los ricos que a los pobres, alimentar aparatos políticos o destinarlos al tren bala u obras de dudosa prioridad. Todo esto no justifica que los productores agropecuarios, para hacer oír sus reclamos, hayan violado leyes y derechos constitucionales de transitar y comerciar para desabastecer a los grandes centros urbanos. La metáfora de la pistola en la cabeza para presionar vale tanto para los productores más radicalizados como para los métodos de Guillermo Moreno. Pero de aquí también surgen otras lecciones. Quizá la principal es que, cuando se admite desde el Gobierno que la ley vale para algunos y no para otros, se deslegitima su cumplimiento. D´Elía, incluido.

Emitirán u$s 3.800 millones de bonos a 35 años para construir el tren bala

Diario El Cronista 20/03/2008

Finalmente el ministro de Economía, Martín Lousteau, dio luz verde para la emisión de bonos por casi u$s 4.000 millones que servirán para pagar la construcción del tren de alta velocidad que unirá las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Según pudo confirmar El Cronista, a pesar de las reticencias iniciales el financiamiento del denominado “tren bala” será aprobado por el Palacio de Hacienda entre el martes y miércoles de la semana próxima. Este último día vence el plazo para que la Secretaría de Finanzas valide la estructura de pagos.

Durante toda esta semana los representantes de la firma francesa Alstom, a cargo de la construcción del tren, mantuvieron reuniones con Economía y con los bancos que intervienen en la operación. Los encuentros continuarán hoy y durante todo el fin de semana largo, sin descanso, porque se está trabajando contrareloj para cumplir los tiempos legales. El 90% de la operación ya está acordada y restan algunas cuestiones menores.

Este diario accedió en exclusiva a los detalles de la controvertida operación, que ya fue objetada por varias organizaciones no gubernamentales:

Bancos: Contrariamente a lo que se pensaba, no será el Société Genérale el banco que liderará la operación financiando el emprendimiento. El proyecto que presentó el Société no convenció al secretario de Finanzas, Hugo Secondini. Aunque la entidad seguirá en el proyecto, su lugar de banco lider en la operación lo ocupará Natixis. Se trata del cuarto banco de Francia, que surgió de la fusión de Caisses d’Epargne y de Banques Populaires. Natixis presentó un plan de financiamiento que sedujo más al Gobierno.

Bonos: Los fondos para construir el tren los aportarán Natixis y Société Genérale. Pero en definitiva el dinero será aportado por el Gobierno nacional a través de la emisión de bonos en colocaciones directas a estas dos entidades. Los títulos públicos a emitir no serán garantía, sino pago directo.

Emisión: Se lanzarán distintas series de bonos escalonadamente a lo largo de un periodo de cuatro años. El total a emitir será algo menor a los u$s 4.000 millones, cerca de u$s 3.800 millones, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones. Se trata de títulos en dólares y bajo legislación estadounidense, que están comprendidos dentro del programa denominado MTN (siglas en inglés de Medium Term Notes). Se trata del programa que tiene el Gobierno para realizar emisiones de este tipo.

Costo: Un aspecto clave es el costo que tendrá esta emisión. Hoy sería muy oneroso emitir bonos a precio de mercado. Pero habrá que ver qué ocurre en los próximos meses o años.

Aprobación: La operación de endeudamiento deberá aprobarse en el Congreso. El Gobierno no debería tener problemas en imponer allí su mayoría.
Mecanismo: Los bancos liderados por Natixis y Société Genérale actuarán como agentes financieros del Gobierno. Se encargarán de los desembolsos al grupo liderado por Alstom a medida que el Ministerio de Planificación certifique los avances de la obra, contra l

Algunos aspectos fiscales de las pymes argentinas

DIARIO EL CRONISTA 14.03.08

Es un concepto generalizado que las pymes son consideradas un motor muy importante en las economías de todos los países y en especial de aquellos denominados “emergentes”. Es por ello que los sistemas tributarios de gran parte de los países del mundo adoptan mecanismos de incentivo y apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, haciendo diferenciaciones en algunos casos entre las medianas y aquellos agrupamientos más pequeños denominados “micro emprendimientos”.En nuestro país existe un sistema estructurado sobre varias vertientes de imposición, combinando ciertas rentas en relación a los consumos con diversos impuestos directos e indirectos, especialmente en el esquema federal de distribución de las potestades tributarias. Bajo este análisis, consideramos que nuestro sistema tributario apunta más a ser considerado como “racional” que “histórico”, pese a los desvíos que se aprecian, en función principalmente de las desesperadas necesidades del Tesoro. Estas necesidades se han traducido en alteraciones en la distribución de los recursos por el régimen de coparticipación. Así, se han desafectado fondos que debían ser distribuidos para la financiación de algún sector específico del sistema estatal o para la atención de la deuda externa. Es por esto que aquella premisa que establece que por su grado de importancia en las economías, los sistemas tributarios deberían propender al incentivo de las pymes, en nuestro sistema tributario actual prácticamente no se cumple.En el orden nacional, para contemplar la operatoria de emprendimientos individuales o de sociedades de hecho, está en vigencia el denominado Monotributo, que contempla para los allí incluidos la tributación conjunta de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y seguridad social. Si bien este régimen resulta de fácil recaudación para el fisco, el hecho de no realizarse un control sobre los ingresos, motiva problemas de competitividad con empresas de volúmenes bajos de facturación que, al estar organizadas como sociedades de personas según la ley de sociedades comerciales, no pueden acceder a este régimen.A nuestro entender, en el ámbito del impuesto a la renta el golpe de gracia a las pymes organizadas bajo la forma de sociedades de personal, fue el cambio de tratamiento de sus resultados, ya que hasta ese momento se le aplicaba al resultado asignado a cada socio, la tasa que surgía de la tabla progresiva para personas físicas, y pasó a aplicarse sobre el total del resultado la tasa proporcional aplicable a las sociedades de capital. Es decir que en la actualidad, tanto las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones, tributan por su resultado impositivo la tasa proporcional del 35%. Esto se diferencia de lo que sucede con las sociedades de hecho o sociedades civiles, en las cuales el resultado impositivo se distribuye entre los socios de acuerdo a su participación y éste lo incorpora a su declaración jurada personal aplicándole la tasa que le corresponda según la tabla progresiva que se utiliza para las personas físicas. Debemos recordar que el último tramo de la escala para una renta mayor a $120.000 -establece un impuesto fijo de $28.500- y el 35% sobre el excedente, con lo cual la tasa efectiva nunca alcanza el 35%.También existen en el sistema tributario otros diversos aspectos que atentan con la posibilidad de incentivar a este sector de la economía. Entre ellos podemos mencionar: a) La proliferación de los regímenes de retención y percepción; b) La acumulación de saldos a favor calificados como de “libre disponibilidad”; c) Proliferación de sanciones por meros hechos formales; d) La cada vez mayor traslación de las actividades que debería realizar el fisco en cabeza de los contribuyentes; e) La gran cantidad de requisitos a reunir para incorporarse a un régimen de beneficio fiscal; etc.Como en el orden internacional, localmente prestigiosas instituciones profesionales se han ocupado de la problemática fiscal del sector pymes, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, quienes en sus Congresos y Jornadas, han arribado a conclusiones y recomendaciones sobre el tema. Mencionamos algunas: a)Con relación al impuesto sobre los beneficios empresariales se deben otorgar concesiones tributarias que remuevan los obstáculos de orden impositivo que inciden sobre el uso del capital; b) Estos beneficios deberían comprender dispensas de impuestos en los primeros años de constitución de las sociedades, deducción de intereses sobre el capital propio, créditos sobre adquisición de nueva tecnología, desgravación por utilidades no distribuidas, disponer amortizaciones aceleradas, etc.; c) En el impuesto al valor agregado, la adopción del método de lo percibido; d) Reformular la imposición provincial y municipal en todo lo que alcance a las pymes, disponiendo exenciones en los periodos iniciales y reducción de alícuotas en los posteriores; e) Evitar que los distintos niveles de gobierno ejerzan una presión tributaria empresarial, que ponga en peligro la propia subsistencia de las empresas; f) En materia de impuesto a las ganancias personalizar el gravamen para todas las sociedades de personas; g) Reducir en forma inmediata hasta su eliminación el impuesto sobre las transacciones financieras y, mientras tanto, admitir su cómputo como pago a cuenta; h) Atender a la reducción del costo de administración que recae sobre los contribuyentes por sus obligaciones formales y sustanciales, en su intervención como agentes de retención o percepción, en materia de información y registración; i) Simplificación de las registraciones contables.Teniendo en consideración la importancia que a las pymes se les reconoce internacionalmente y aceptando que el sistema tributario es una herramienta útil para propender al crecimiento de este sector de la economía, es que se hace necesario promover la alineación de nuestro sistema tributario a la consecución de este objetivo.

SUBA EN LAS RETENCIONES

DIARIO EL CRONISTA -

El Gobierno, preocupado por la inflación, anuncia fuerte aumento de retenciones
Serán móviles por cuatro años, para dar previsibilidad al productor y mantener precios internos. Fuerte rechazo del agro y preocupación de operadores granarios
FERNANDO ALONSO y PAULA LOPEZ Buenos Aires ()
03:00
El Gobierno anunció un régimen de retenciones móviles para las exportaciones de soja y girasol, que le permitirá capturar al Estado la renta extra que obtenga los productores por encima del valor que tenían los granos en diciembre pasado.La medida también se aplicará al trigo y el maíz, aunque con alícuotas que permitirán percibir el precio pleno vigente este mes pero que se incrementarán si sube el precio de los cereales en los mercados internacionales.La medida permitirá también una mayor fortaleza fiscal, al recaudar una estimación extra de 0,4% del PIB, aunque no está claro si logrará el propósito antiinflacionario porque significará un aumento del precio interno del trigo y el maíz, los cereales críticos tanto en la base de la industria alimenticia como de los alimentos balanceados para las carnes.Además, generó un fuerte rechazo del campo que en lugar de interpretarlas como una señal de previsibilidad sobre la rentabilidad que obtendrá en los próximos cuatro años que durará este régimen, se preocupó por la falta de consideración de los aumentos en los costos de producción y duda que alcance como incentivo para revertir la tendencia de los pool de siembre de privilegiar a la soja desplazando a zonas marginales al resto de los cereales y a la ganadería, tanto de carne como de leche.La nueva escala de derechos especiales a las exportaciones ubica a las retenciones a la soja, que ahora son de 35%, en un rango de 43% a 49% con valores del grano se ubique entre 501 y 600 dólares la tonelada (FOB en puerto según la Secretaría de Agricultura). Por encima de ese valor, el Gobierno se quedará con 95% de la renta. Para el girasol, las retenciones serán de entre 37% y 45% entre esos valores y también de 95% por el resto.El Gobierno presentó los cambios como retenciones móviles, pero sólo bajarán de los actuales valores si la soja se desploma a 300 dólares la tonelada, un valor que no está en la previsión de los analistas para los próximos años.En el caso del maíz, las retenciones que eran de 25% pasarán ahora a un rango de 20% a 25% para los valores actuales (entre 181 y 220 dólares la tonelada) y para el trigo del 28% actual a una franja de 24% a 30% para un valor de 301 a 200 dólares la tonelada. Estas modificaciones son una mejora marginal sobre el precio que perciben los exportadores, menor a un punto porcentual.El ministro de Economía, Martín Lousteau, anticipó que en las próximas semanas se conocerán las medidas complementarias que apuntarán a reestructurar toda la política de compensaciones y subsidios a la industria de los alimentos. Pero en principio, pese a que se incrementará la caja fiscal, la idea de Economía es bajar los aportes al sector privado.En el estudio de la medida, Economía tomó como dato central el aumento de los precios de los alimentos tanto en el mercado interno como en el resto de los países, un fenómeno conocido como agflación. Según el Palacio de Hacienda, en los países desarrollados los alimentos aumentan a un ritmo de 5% a 8% anual mientras en los subdesarrollados llegan hasta 18% al año. En la Argentina, el incremento es de dos dígitos si se anualiza el primer bimestre del año.La otra razón, fue otorgar previsibilidad a la rentabilidad del sector agropecuario, evitando que la soja siga desplazando producciones. Pero esa previsibilidad no considera los costos de producción, que crecieron en el último año a un ritmo de 20% anual en dólares para algunas actividades, por el incremento de agroquímicos, semillas y otros insumos.Eso llevó a los principales referentes del agro a rechazar la nueva intervención en sus actividades y aclarar que profundizará aún más la soja-dependencia de la Argentina (ver pag 4).Analistas y operadores granarios, por su parte, consideraron que la medida representa “la muerte de las operaciones a futuro, porque nadie va a poder asegurarse precio de inicio de cosecha cuando no se sabe qué retención van a tener que pagar.“Esto generará un desacople con los precios internacionales y terminará quitándole el estímulo al negocio de los granos, como pasó con la ganadería en su momento”, alertó Teo Zorraquín, ex técnico de Aacrea y actual socio de la consultora Zorraquín, Meneses y asociados.